Es curioso que esta noticia
apenas haya tenido repercusión entre tantos compañeros y empresas dedicadas a
la certificación y eficiencia energética, no solo por lo importante que parece
a priori, también por el peligro y de nuevo, la picaresca que conlleva.
Hace mucho tiempo, en este mismo
blog, hice una reflexión y emití una opinión personal, que durante estos algo
más de dos años he comentado con mucha gente.
A raíz de una noticia referida a un
determinado ayuntamiento de Almería que bonificaría la instalación de paneles
fotovoltaicos mediante una rebaja del tramo municipal del IBI durante un
determinado periodo de años, en mi opinión me decanté por la política de palo y
zanahoria.
Aplicar penalizaciones y
gravámenes actualmente a determinadas viviendas en función de su certificación
energética, podría llegar a ser un problema de índole jurídico, derivado de la
no obligatoriedad de todo el parque inmobiliario a estar certificado
energéticamente.
Sin embargo indiqué que, cuando
comience a funcionar el Informe de Evaluación del Edificio (en breve, ya no
queda tanto más allá de aquellos municipios que ya lo tienen implantado) y
dicho informe contenga el certificado energético de edificios completos, cuando
se vaya certificando una gran parte del parque inmobiliario (por desgracia y
por antigüedad, los edificios menos eficientes), entonces si consideraba viable
que la Administración intervenga con la mencionada política de palo y
zanahoria.
Poner subvenciones y ayudas al
alcance de los propietarios, sean las que sean, sean pocas o sean muchas, poner
la zanahoria para acto seguido dar con el palo en forma de aumento del tramo municipal
del IBI si no se quiere zanahoria para invertir en eficiencia energética.
Es cierto que tiré por “el lado
malo” y me olvidé de opciones más amables como pueden ser las propuestas ya por
algunos Ayuntamientos como se comenta en el artículo de El Mundo o directamente,
la nueva propuesta del Ministerio de Hacienda.
También existe ya alguna entidad
bancaria que ofrece hipotecas y créditos algo más ventajosos para inversiones
en materia de eficiencia energética y por supuesto, el Plan Pareer y otros
tantos incentivos de la Administración encaminados a la eficiencia energética.
¡QUE GRAN IDEA!
Desde luego que la rebaja del IBI
en función de la eficiencia energética es una gran idea y por ello deberíamos
felicitarnos como sociedad comprometida con la lucha contra el cambio
climático, comprometida con la eficiencia energética y por descontado si supone
un porcentaje de alivio de presión fiscal para los ciudadanos.
Esto puede y debe incentivar a
que los propietarios certifiquen sus inmuebles de manera voluntaria, sin
necesidad de ser obligados por IEE o por tener inmuebles en venta o alquiler
(bueno, mejor lo dejaremos en hacer el certificado a toda prisa cuando ya se ha
cerrado la operación) para poder optar a la rebaja del IBI.
¡QUE PÉSIMA IDEA!
¿Quién controlará e inspeccionará
los certificados energéticos?, tal como se puede leer en la noticia, desde el 1
de enero de 2016 se establecerá una bonificación potestativa para los
Ayuntamientos sobre la cuota íntegra del IBI.
La reducción será porcentual en
función de la letra de la etiqueta energética excluyendo las letras F y G (cuantas veces he dicho y
repetido en este mismo blog y otras redes sociales, que se trata de un DOCUMENTO OFICIAL y de CARÁCTER
PÚBLICO y cada día que pasa, estas palabras pronunciadas en charla privada por un técnico / directivo de
Industria en la Comunidad de Madrid, cobran más sentido).
Si hasta ahora hay muchos
certificados energéticos de dudosa legalidad y fiabilidad, certificados que se
amañan y se falsean, exceso de certificados C, pues se supone que los certificados
A y B son “carne de inspección” por la poca probabilidad de obtener dichas
calificaciones con los sistemas constructivos y equipos existentes hasta la
fecha; o alguien regula los procesos de inspección de forma severa, o la
picaresca volverá a ponerse en marcha y a funcionar a base de certificados aún
más baratos, sin compromiso ni fiabilidad y con calificaciones lo más altas
posibles para que los propietarios ahorren en el IBI.
Si la potestad de aplicar la
rebaja va a estar en los Ayuntamientos… ¿serán los encargados de inspeccionar y
certificar la veracidad de los certificados y etiquetas emitidas?, el RD
235/2013 establece el registro y control de los certificados a las Comunidades
Autónomas, ¿cómo se transferirá dicha responsabilidad e inspecciones a los
Ayuntamientos?.
Si hasta ahora el mercado serio y
profesional de certificación energética estaba mal y en profunda decadencia,
mucho me temo que esto acabará rematando definitivamente el objetivo y motivación del mismo, ya no solo será "el papelito" para alquilar o vender, también será "el papelito" para ahorrar todo lo posible en el IBI.
La Administración
tiene de nuevo una gran oportunidad para legislar y regular de manera eficaz y
seria, veremos qué pasa finalmente.
